De ello ha dado cuenta en rueda de prensa el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, quien ha incidido en que esta norma pretende ser "la coartada para legalizar la depredación" de nuestro territorio por parte de grandes compañías.
"Es una infame concesión colonial que entrega a las multinacionales la ganancia mientras deja los impactos medioambientales en Galicia", ha enfatizado Sánchez, desde el convencimiento de que esta forma de legislar es "propia de ladrones de guante blanco".
Es por esto que, pese a que "previsiblemente" el PP pasará "el rodillo" y no aceptará sus propuestas, la formación rupturista ha enmendado el proyecto legal para "rectificar" la "desprotección" del patrimonio cultural y medioambiental.
También pretende que no se recorte el tiempo de exposición pública en las expropiaciones, mientras pone el foco en la necesidad de apostar por las renovables y de que se apueste por la pequeña producción.
"Tenemos alternativas", ha recalcado el también líder de Anova, sin dejar de hacer hincapié en la necesidad de regular adecuadamente el eólico, para que deje más beneficios públicos, y la minería, para controlar sus impactos y que la reconstrucción una vez finalizada la extracción no corra a cargo del erario público.
"CORRUPCIÓN LEGALIZADA"
Frente a ese "modelo colonial" que propugna el PP, Antón Sánchez ha apelado a la movilización ciudadana para frenar este texto, que constituye una "evidencia" de que existe la "corrupción legalizada".
Tras indicar que ya se creó una plataforma contra "la depredación de Galicia", con sindicatos y asociaciones agrarias y ecologistas, ha pedido a los ayuntamientos que "se muevan también" en ese sentido.
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